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El Consejo General de Administradores de Fincas plantea a los grupos políticos 5 medidas en materia de vivienda

  • La entidad que engloba a los Colegios Oficiales de Administradores de Fincas Colegiados de toda España a la que pertenece COAFGA, plantea la división de viviendas de grandes dimensiones, las segregaciones y la creación de nuevas viviendas mediante ampliaciones o nuevas plantas en edificios existentes.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) ha elaborado un documento de propuestas para mejorar el acceso a la vivienda en España, dirigido a los distintos grupos políticos con motivo de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, con el objetivo de que la vivienda ocupe un lugar prioritario en la agenda política de la próxima legislatura.

Desde el CGCAFE se considera que el problema de la vivienda requiere una política de Estado, coordinada entre las distintas Administraciones y sostenida en el tiempo, que vaya más allá de las medidas coyunturales y de los cambios legislativos vinculados a cada legislatura. En este sentido, la institución considera que no existe una solución única ni que el problema pueda resolverse exclusivamente mediante una mayor regulación del mercado, sino que es imprescindible actuar simultáneamente sobre la oferta, el alquiler, la seguridad jurídica y la adaptación del parque inmobiliario existente a las nuevas necesidades residenciales.

“El acceso a la vivienda constituye un problema estructural que exige acuerdos políticos duraderos y medidas que permitan incrementar de manera efectiva el número de viviendas disponibles. No es posible solucionar la necesidad del principal bien que tiene un ciudadano gestionando únicamente su escasez: necesitamos más vivienda, tanto pública como privada, y un marco normativo que favorezca su promoción y puesta en el mercado”, señalan desde la Comisión Legislativa del CGCAFE.

Una de las principales propuestas de la institución es impulsar un Pacto de Estado por la Vivienda que garantice una estrategia estable y a largo plazo, independientemente de los cambios políticos. Este pacto debería contemplar la creación de un ente público promotor de vivienda y gestor estratégico del suelo, capaz de coordinar la movilización de suelo público y privado y facilitar el desarrollo de promociones de vivienda asequible mediante fórmulas de colaboración público-privada.

El Consejo General también considera prioritario simplificar los procedimientos de planeamiento urbanístico y agilizar la concesión de licencias de construcción y rehabilitación, cuyos plazos administrativos pueden retrasar durante años la puesta en marcha de nuevos proyectos residenciales. La movilización de suelo, la promoción de vivienda protegida y el establecimiento de precios tasados deben formar parte de una estrategia que permita incrementar significativamente el parque residencial disponible.

En relación con el mercado del alquiler, el CGCAFE plantea la necesidad de recuperar la seguridad jurídica y el equilibrio entre los derechos de propietarios e inquilinos. Para ello, reclama un marco normativo estable y previsible, que evite modificaciones legislativas continuadas que generen incertidumbre y puedan retraer la oferta de viviendas destinadas al arrendamiento.

La institución considera igualmente necesario disponer de procedimientos judiciales eficaces que permitan recuperar la vivienda en plazos razonables cuando se produzcan impagos, finalicen los contratos o concurran incumplimientos graves de las condiciones pactadas. Al mismo tiempo, defiende que la protección de las personas y familias en situación de vulnerabilidad debe corresponder a las Administraciones Públicas mediante políticas sociales y alternativas habitacionales adecuadas.

“La protección de los inquilinos y de las familias vulnerables y la tutela de los derechos de los propietarios no son objetivos incompatibles. Las Administraciones deben garantizar una respuesta residencial a quienes la necesitan, sin trasladar esa responsabilidad pública al propietario particular que decide poner su vivienda en alquiler”, subraya el CGCAFE.

Necesidad de adaptar la LPH a las nuevas necesidades residenciales

Otra de las medidas planteadas consiste en movilizar las viviendas vacías hacia el mercado del alquiler habitual, mediante incentivos que favorezcan su incorporación voluntaria. Entre las propuestas figuran los incentivos fiscales, las garantías públicas frente al impago, los mecanismos de aseguramiento de daños, las ayudas para rehabilitar viviendas que no reúnen condiciones de habitabilidad y los programas públicos de intermediación.

El Consejo General considera que estas medidas, acompañadas de alternativas residenciales para los arrendatarios que realmente las necesiten y de actuaciones eficaces frente a las ocupaciones ilegales, permitirían recuperar para el mercado una parte de las viviendas actualmente desocupadas y aumentar la oferta disponible en un plazo menor que el necesario para construir nuevas promociones.

El documento también presta especial atención a la necesidad de adaptar la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) a las nuevas necesidades residenciales. El CGCAFE propone facilitar, siempre que las condiciones técnicas y urbanísticas lo permitan y con las debidas garantías jurídicas, la división de viviendas de grandes dimensiones, las segregaciones y la creación de nuevas viviendas mediante ampliaciones o nuevas plantas en edificios existentes.

Estas actuaciones, según la institución, no deberían verse obstaculizadas por procedimientos administrativos excesivamente complejos, tasas o costes desproporcionados. Por ello, plantea simplificar los procedimientos de modificación de los títulos constitutivos y establecer reducciones, bonificaciones o ayudas para los costes administrativos, notariales y registrales asociados.

Asimismo, considera necesario revisar y sistematizar el régimen de mayorías de la LPH para facilitar los acuerdos comunitarios relacionados con la rehabilitación, la accesibilidad, la eficiencia energética y la modernización de las instalaciones comunes. El objetivo es proporcionar mayor claridad y seguridad jurídica y evitar que la complejidad de los procedimientos de adopción de acuerdos dificulte actuaciones necesarias para conservar y mejorar los edificios residenciales.

“La propiedad horizontal no puede convertirse en un obstáculo innecesario para crear o ampliar el número de viviendas allí donde sea técnica y urbanísticamente posible. Los administradores de fincas colegiados tenemos un conocimiento directo de la realidad de los edificios y de las comunidades de propietarios que debe incorporarse al diseño de las políticas públicas de vivienda”, destaca el Consejo General.

La quinta línea de actuación se centra en la reducción de las trabas administrativas y la planificación de una política de vivienda a largo plazo. El CGCAFE considera necesario revisar los procedimientos que dificultan injustificadamente la construcción, la rehabilitación de edificios, los cambios de uso y la transformación del parque inmobiliario existente.

De manera específica, propone facilitar el cambio de uso a residencial de aquellos locales comerciales que hayan perdido su funcionalidad o interés comercial, siempre que exista compatibilidad urbanística y puedan cumplirse las condiciones técnicas, de seguridad, salubridad y habitabilidad exigibles. Para ello, considera conveniente revisar aquellos requisitos administrativos o técnicos que no aporten una protección efectiva adicional y que, sin embargo, dificulten innecesariamente estas transformaciones.

La institución también reclama una mayor coordinación entre las Administraciones estatal, autonómica y local, así como la necesidad de establecer mecanismos de evaluación periódica de las políticas públicas.

“España necesita una política de vivienda basada en la estabilidad, la planificación y la colaboración institucional. Las soluciones deben contemplar tanto la construcción de nuevas viviendas como la movilización de las existentes, la rehabilitación de los edificios y un marco jurídico que genere confianza. La vivienda requiere acuerdos a largo plazo y evaluación de resultados, no una sucesión permanente de medidas coyunturales”, concluyen desde la Comisión Legislativa del CGCAFE.